Balance 2012: el peor año de la democracia
ANTONIO GIL
En 2012 hemos asistido al peor año de la democracia. Nuestra sociedad en general está padeciendo una involución social y democrática de consecuencias irreversibles. En el contexto de la crisis que azota a nuestro país desde 2008, la llegada al poder del Gobierno del Partido Popular ha supuesto el revés más grave, no sólo para los trabajadores y trabajadoras, sino que, podemos afirmar también sin temor a equivocarnos, para el conjunto de la sociedad en general.
El 2012 ha venido marcado por las medidas antisociales que ha ido adoptando el nuevo gobierno, cautivo de manos europeas y esclavo de las sacudidas de los especuladores. Posiblemente nada de ello nos habría sorprendido de forma mayúscula, si acaso el Gobierno, en un intento por aplicar su programa electoral, hubiese errado en la adopción de medidas para salir de la crisis. Pero aquel programa electoral resultó ser un globo hinchado de aire que estalla apenas despegar unos metros de la tierra. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aparcó lo prometido en campaña electoral y en total contradicción con sus posiciones electorales, emprendió una política de ajustes, recortes y destrucción de derechos históricos jamás antes conocidos; por eso, esta es una de las causas por las que nuestra central sindical ha solicitado la celebración de un referéndum para dar la oportunidad a que los ciudadanos se pronuncien sobre esta insólita situación de secuestro democrático.
Tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y la toma de posesión en enero de 2012 del nuevo gobierno, se firma el mismo mes de enero el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, con el objetivo de contener los salarios, flexibilizar las relaciones laborales e intentar el compromiso de que una parte de los márgenes de beneficio de las empresas fuesen a parar a la inversión productiva. El fin era no seguir destruyendo empleo.
El 10 de febrero se aprueba en el Consejo de Ministros la mal llamada reforma laboral que el propio ejecutivo califica de “extremadamente agresiva”, sin apenas amago de diálogo con los agentes sociales. Su contenido fue comunicado a las centrales sindicales ¡por teléfono! y según las explicaciones, trataba de facilitar la contratación, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y considerar al despido como último recurso a utilizar en las empresas acosadas por la crisis. Nada de ello era cierto. Asistíamos a un puro espejismo, una mera escenificación. Nuestra respuesta fue la convocatoria de una Huelga General el 29 de marzo de 2012.
El Gobierno no ha tenido ningún interés en propiciar un acercamiento con los agentes sociales. De las 214 páginas de su programa electoral, no hay la más mínima referencia al diálogo social. No es un simple olvido, es una estrategia. Desde primer momento ha presentado en sociedad cuál va a ser su modus operandi: obviar el diálogo y gobernar a base de decretazos. De esta guisa, asistimos a una cascada de reales decretos de una gravedad y ataques sin precedentes a la clase trabajadora y al conjunto de la sociedad. Incrementos del IVA e IRPF, eliminación de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, congelación de las ofertas públicas de empleo, recortes de las prestaciones sociales, disminuciones brutales en los presupuestos de servicios esenciales como la Sanidad y la Educación, ataques a las pensiones… Y en una vuelta más de tuerca, para silenciar a quien pudiera resultar molesto, redujeron en más del 40% la participación en las instituciones de los representantes legales de los trabajadores e incluso amenazaron con reformar la ley de huelga…
Como ejemplo de la separación ostensible entre la forma de gobernar y los problemas reales, baste señalar las recientes medidas contra los desahucios. El Gobierno no sólo acudió en último lugar para apagar las llamas, sino que ha dejado la hoguera con rescoldos, con una intervención pusilánime y timorata. La UGT, desde hace tiempo y ante el cariz que estaba mostrando los acontecimientos, advirtió del auténtico problema que se avecinaba e inició, también en nuestra ciudad, una recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular que pueda detener los desahucios, y a favor del alquiler social.
En esta situación, las medidas de un Ejecutivo cegado y obsesionado en la reducción del déficit público, han logrado el efecto contrario y, como consecuencia de ello, los datos del desempleo, lejos siquiera de estacionarse, siguen experimentando un ascenso imparable, y nuestro país ya se encuentra al filo de los seis millones de parados. ¡Y eso que la reforma laboral era el antídoto al crecimiento del paro! En estas circunstancias volvimos a plantear la convocatoria de una Huelga General el 14 de noviembre, la segunda en apenas siete meses, pero necesaria y justificada ante el gravísimo efecto que estaba causando sobre la ciudadanía una política continuada de recortes y ante la ausencia de medidas para favorecer el crecimiento económico y crear empleo.
Las cifras de paro se manifiestan especialmente alarmantes en Ceuta, una ciudad en crisis permanente, sin modelo económico y con un déficit estructural, con un gobierno autonómico acomodado, sin soluciones e incapaz de combatir el paro con una sola medida que no sean los planes de empleo. En nuestra ciudad, el desempleo está sacudiendo con extremada crudeza a los jóvenes y a las mujeres, traduciéndose en un aumento del empobrecimiento en miles de familias, muchas de ellas con necesidades urgentes y otras muchas, en el umbral de la pobreza. Caminamos hacia la desaparición irremediable de la clase media. La consecuencia directa de todo esto ha sido un creciente desasosiego y crispación. Los ciudadanos estamos asistiendo a un estado de convulsión permanente, a un desánimo generalizado. El descrédito político se está apoderando cada vez más de todos nosotros y la vía del decreto-ley ha ido creando un sistema político devaluado, que sólo se combate con una implicación directa de los ciudadanos. Los partidos políticos deberían ir planteándose la implantación de listas electorales abiertas para ganar en calidad democrática; de esta manera harían al ciudadano más partícipe y corresponsable de la vida política.
La principal preocupación en estos momentos es que, en este estado de crisis aguda, se deben realizar los esfuerzos precisos para generar la confianza necesaria, y el Gobierno debe ser el primero en propiciar un escenario favorable, donde domine el diálogo y el consenso como elementos imprescindibles para devolver la citada confianza a los ciudadanos.