El Gobierno negociará esta semana con los agentes sociales la derogación de la reforma laboral
En esta semana, El Gobierno sostendrá una reunión que convocó la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, nada más cerrar la denominada ley rider que regulariza la situación de los repartidores.
En dicho encuentro, se dialogará sobre la «modernización del mercado laboral» y abarcarán también diferentes aspectos como la reforma laboral de 2012 así como otros asuntos mencionados en Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, incluido el empleo o las medidas adoptadas contra la precariedad laboral.
En adición a lo anterior, otros temas que formarán parte de esta mesa son la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa , la ultraactividad y la subcontratación. Cabe mencionar que son materias conocidas, ya que los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista en la anterior legislatura.
Ahora, en esta nueva mesa que arrancará esta misma tarde, se retomarán las conversaciones sobre dichos asuntos, pero se añadirán otros muchos para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno español asumió en encuentros anteriores en Bruselas.
La recuperación requiere empleos de calidad y salarios suficientes
Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del cuarto trimestre de 2020, publicados hoy por el INE, muestran que el coste laboral total por trabajador y mes cayó una décima respecto al mismo trimestre del año anterior, y el coste estrictamente salarial, un 0,7%. En ambos casos han moderado las caídas con relación a la situación en el tercer trimestre (un punto porcentual y dos décimas, respectivamente) debido a la ligera reactivación económica de las empresas de algunos sectores producida por la relajación de las medidas llevadas a cabo en ese cuarto trimestre, especialmente en el mes de diciembre.
Para UGT, estos datos continúan registrando el impacto de la pandemia y los efectos de las restricciones aplicadas para combatirla. La actividad económica de muchas empresas continúa viéndose condicionada por las medidas sanitarias adoptadas, y la prolongación de la situación de excepcionalidad está mermando su capacidad financiera de resistencia. En este sentido, el sindicato considera imprescindible que los ERTES, que tan importante papel están jugando para sostener el empleo, no se transformen en despidos. Pero ya no es suficiente.
El sindicato considera fundamental que las ayudas directas recién aprobadas por el Gobierno se apliquen con eficacia. Pero también es cada vez más urgente que se derogue la reforma laboral de 2012, ya que ha determinado las condiciones propicias para facilitar los despidos, como se puso de manifiesto en la crisis anterior.
Hay que subir los salarios
En este sentido, para UGT es también fundamental que la patronal se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que incluya una subida de los salarios en nuestro país. De momento, la patronal se está negando a cerrar un nuevo acuerdo para 2021 y los años siguientes, que recoja criterios comunes para las condiciones laborales en los sectores y las empresas, lo que otorgaría estabilidad y certeza en este tiempo de extrema incertidumbre. Esta negativa por parte de la patronal supone una apuesta encubierta por una nueva devaluación salarial y la imposición como estrategia de salida de la crisis, aprovechando el miedo de gran parte de las trabajadoras y trabajadores a perder sus puestos de trabajo.
Para UGT, la salida de la crisis no se puede producir a costa de la clase trabajadora. Los aumentos salariales no son la causa de la crisis, y por tanto su congelación o devaluación sería contraproducente. Lo que necesita la economía, una vez que se supere la crisis sanitaria, es una mejora del poder adquisitivo de los hogares para elevar el consumo y recuperar cuanto antes los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.
En este contexto, el Gobierno debe también rectificar y aumentar al SMI para 2021, para evitar que la crisis golpee de nuevo a los más débiles, y para reforzar la capacidad de gasto de esos hogares con menores niveles de ingresos, lo que redundaría en favor del conjunto de la economía y del empleo.